Los reportes de las influyentes calificadoras financieras internacionales arrojan cifras escalofriantes: en los próximos años, los Ayuntamientos tamaulipecos estarán al borde de la ruina.
Las advertencias sobre su fragilidad fiscal amenazan al mismo tiempo al sistema político que ha imperado en los 43 municipios, al dejarlo sin capacidad de maniobra para operar su principal componente: la distribución de puestos de trabajo como el pago a la fidelidad partidista, el compadrazgo personal y al esfuerzo electoral.
Si las condiciones políticas y de seguridad en sus regiones les habían arrebatado ya el poder que antes tenían para decidir, figurar, enriquecerse etc., ahora sólo queda repartir un presupuesto que ya no tiene margen de maniobra.
Fitch Ratings, Satandard and Poor´s y Moodys coinciden en advertir que el gasto operacional de los 5 Ayuntamientos más grandes en el Estado creció a tasas anuales del 16% anual mientras los ingresos crecían menos del 4%.
Cada año aumentó la nómina y el costo de administrar los cabildos de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Altamira y Tampico hasta llegar a niveles incluso del 97% mientras se reducía el gasto de inversión productiva que genera empleo, bienestar y aumenta la capacidad de las ciudades para que lleguen empresas.
Tampico y Altamira de plano bajaron la cortina, dejaron de informar a las calificadoras sobre el manejo de sus finanzas y les fue retirada la calificación por lo que no se sabe la magnitud del problema que heredarán.
En efecto, en los años recientes los Gobiernos Municipales costaron más, pero fueron menos productivos.
Al día de hoy según el CONEVAL, el IMCO, el Banco Mundial, el IMSS, y el SAT; en los municipios hay menos empleos formales, más pobreza, menos empresas legalmente establecidas, las familias tienen menos ingresos y las ciudades son menos competitivas. Ahí están las cifras.
Pero si los que se van no dejan buenos números, los que llegan no lo hacen de la mejor manera.
La disputa en Tamaulipas de 43 alcaldías, 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 plurinominales inhibió los programas sociales destinados a 1.3 millones de tamaulipecos que carecen de los ingresos insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades porque el PAN y el PRD exigieron la suspensión de los apoyos sociales mientras duraran las elecciones en 14 Estados del país.
Ambos partidos con antecedentes lamentables; el PAN de duplicar el presupuesto para programas sociales – aunque la pobreza aumentó en 12 años- y el PRD de operar el taller de clientelismo más grande que hay en el país, en el Distrito Federal.
Los alcaldes electos no tiene cumpla pero si una obligación moral pues el mensaje de la élite política hacia los más vulnerables dentro del ya de por sí amplio grupo de los que menos tienen fue: "muérete de hambre porque hay elecciones".
Del otro lado, miles de niñas y niños, adultos mayores y mujeres que durmieron algunas noches quizás, con estómago vacío por exigencias que sólo denotaron el cinismo de la insensibilidad social de los partidos políticos que perdieron la elección presidencial en 2012.
Ojalá que los próximos alcaldes y funcionarios que laboren en las próximas administraciones entiendan que sus puestos costaron hambre y dolor; sufrimiento y desesperación en miles de familias pobres, que pagaron los platos rotos por la desconfianza entre los actores políticos.
Que llegarán a administrar cabildos al borde de la ruina, del desastre y del colapso financiero; que los compromisos financieros son más importantes para la estabilidad económica y social de sus municipios, que cualquier compromiso político.
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